Por Francisco Espinoza, consultor.
Chile está en una situación particular con el inicio del nuevo proceso constituyente. Y es que pese al debate político en torno a si debió haber ocurrido o no, esta discusión ha generado una suerte de agotamiento electoral en la ciudadanía —pérdida de interés mediante, a juzgar por los estudios de opinión—, que no resulta muy propicio, sobre todo, si se considera que estamos en medio del tercer intento de cambio constitucional en un plazo de 7 años.
Si hacemos memoria, el primero de ellos correspondió al de la Presidenta Michelle Bachelet, durante su segundo mandato, el que fue dirigido en su totalidad desde el gobierno y con una lógica de redacción institucional, cuyo foco era lograr una amplia base de participación ciudadana para que así el texto tuviera una legitimidad que le permitiera mantenerse vigente por varias décadas.
Si bien el objetivo de una convocatoria ciudadana amplia se logró mediante la participación de más de 200 mil personas en los denominados «Encuentros Locales Autoconvocados» o a través de las reuniones provinciales y regionales, entregando como resultado un texto sistematizado, no logró concitar los apoyos políticos para tener viabilidad y nunca más se supo de este documento. Primera desilusión para una ciudadanía ansiosa por conseguir nuevos espacios de participación.
El segundo intento se enmarcó tras el estallido social de 2019. En este caso todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria llegaron al consenso de que era posible dar una salida institucional a la crisis política. Dado el escenario de fragilidad, no hubo mayores condiciones o exigencias para el desarrollo de un texto con límites o bordes preestablecidos.
Así, se llegó a un nuevo proceso, totalmente diferente al de Bachelet y con amplias facultades para definir con autonomía las reglas del juego a través de representantes de la sociedad civil, independientes y, en menor medida, de los partidos políticos que, demás está decir, eran las caras visibles del malestar ciudadano de ese momento.
El inicio de este segundo intento estuvo marcado por un alto interés público, cobertura mediática y profundas expectativas de lo que se podría lograr. El resultado es conocido: primó el personalismo, una acción política desarticulada y un ánimo refundacional que claramente no conectó con una ciudadanía que históricamente ha valorado el orden, privilegia la sobriedad y la gradualidad de los cambios. Segunda desilusión para una sociedad que pasó de un apoyo mayoritario al trabajo de representantes de la diversidad de Chile, al rechazo categórico a propuestas que no lograron captar el momento político en el que estaban insertas.
El tercer intento está en pleno desarrollo y a diferencia del primero, que tuvo una dirección desde el gobierno, y del segundo con una organización definida por la propia Convención Constitucional, el actual proceso ha estado marcado por el control de los partidos con representación parlamentaria y una definición previa de las reglas del juego y los límites de acción. Quizás esta estructura más rígida o la denominada fatiga constitucional, ha hecho que la ciudadanía tenga menos interés en las discusiones del día a día acerca del proceso (solo un 31% señala estar interesado versus un 60% en 2021, de acuerdo a la última encuesta Criteria) o incluso —que puede ser peor—, ya no tenga expectativas del cambio que este texto podría generar.
Algunas voces han señalado que el bajo interés y el hermetismo con el que se ha llegado a acuerdos en la Comisión Experta podría derivar en un texto con problemas de legitimidad, pero se trata de un proceso que está recién comenzando, cuya credibilidad finalmente estará dada por el diseño institucional, la deliberación y enmiendas que realicen los miembros del Consejo Constitucional, próximos a elegirse en una votación obligatoria y con las reglas electorales del Senado, y el grado de apoyo que suscite la propuesta que presente el Consejo Constitucional a plebiscito.
¿Una tercera desilusión, o la tercera es la vencida? Solo resta esperar una deliberación fructífera que nos permita en diciembre de 2023 dotarnos de una Constitución acorde a los desafíos actuales del país.
