Por Roberto Reveco, consultor senior.
La seguridad se ha vuelto una prioridad en el país. Y en el mundo. Y es completamente comprensible que así sea —independientemente de cuán grande sea realmente la amenaza que la pone en jaque—, ya que cuando la vida y/o la integridad corporal y mental están en juego, los sujetos sociales reaccionan enérgica y, a veces, instintivamente. De modo que la necesidad de seguridad puede empezar a operar como el hambre, en donde, dada su importancia vital, cualquier medio puede ser visto como una alternativa válida para satisfacerla. Ante la premura y sin que un análisis más detallado y responsable intervenga, se puede optar por caminos que no solo no solucionan la crisis de seguridad, sino que eventualmente podrían acentuarla.
En las sociedades organizadas en torno a un aparato estatal, es responsabilidad del Estado alcanzar y mantener condiciones razonables de seguridad para la ciudadanía. Proteger al país de amenazas externas e internas es, de hecho, una de sus principales obligaciones. La delegación al Estado de la tarea de mantener la seguridad, no solo le endosa dicha responsabilidad, sino que, implica que los ciudadanos renuncien a ejercer acciones coercitivas por sus propios medios, depositando en el Estado el monopolio de la violencia represiva. Ese monopolio estatal, y la renuncia por parte de los ciudadanos a tomar las armas, permite que la violencia necesaria para mantener la seguridad se concentre en un solo actor, opere bajo estándares democráticos, esté respaldada por un sistema judicial y se ejecute con profesionalismo. Esto evitaría el no querido escenario de la violencia de todos contra todos.
A fines del año pasado, el gobierno promulgó la Ley de Seguridad Privada, marco jurídico en el que se establecen ciertos lineamientos, parámetros y estándares para el accionar de privados en temas de seguridad. En la ceremonia de promulgación de la Ley, el presidente Boric destacó que «desde hoy Chile cuenta con una nueva herramienta en su lucha por tener mayor seguridad para la ciudadanía». La ley se propone generar condiciones claras para la participación de empresas en la mantención de la seguridad, la prevención de delitos, la vigilancia y resguardo de bienes y personas, como complemento a la labor que realiza el Estado, que, sobrepasado por la situación, busca aliados en esta materia. La seguridad privada no es nueva, sin embargo, la promulgación de esta ley precisamente en este momento —alcanzó a cumplir 14 años de tramitación—, responde a la necesidad de promoverla con urgencia, de modo que más actores ayuden al Estado en la mantención de la seguridad interna.
Ya se prevé, evidentemente, un alza importante en el negocio de la seguridad y que, por lo tanto, las empresas se transformen en un actor importante en esta materia. Esta alza de los servicios privados de seguridad tiene consecuencias importantes. Un ejemplo: en la medida en que este sector económico crezca, requerirá más personal capacitado para ejercer labores de seguridad. Los expertos señalan que pronto habrá escasez de trabajadores, lo que traería como consecuencia que el mercado laboral se vuelva menos competitivo y que por lo tanto los sueldos tiendan a subir. ¿Podría carabineros convertirse en una institución poco atractiva a la hora de atraer profesionales del rubro de la seguridad? ¿podría esto deteriorar el monopolio de la violencia por parte del Estado y con ello el contrato social?
Como sea, la empresa privada consolida su rol en el ámbito de la seguridad y se proyecta como un actor que será cada vez más relevante. Habrá que ver cómo se implementa esta ley, cómo se aseguran los estándares y exigencias que impone, cómo se comporta la economía —el principal cliente de las empresas de seguridad son otras empresas a las que se les sumará un costo en su producción—, y finalmente cómo se articula y coordina la colaboración entre los aparatos estatales de seguridad y las empresas que proveen este servicio.
De modo que, en esta lucha por la seguridad, de la que hablaba el presidente Boric, ya tiene al menos dos sectores involucrados: el Estado y la Empresa; con un marco jurídico más o menos claro y disposición para colaborar. Hay, sin embargo, un tercer actor que cada vez con más fuerza empieza a querer jugar un rol en esta lucha, con todos los riesgos que ello implica: la sociedad civil. ¿Qué acciones ya están realizando los ciudadanos en materia de seguridad social y personal? ¿son pertinentes? ¿contribuyen a la seguridad o la deterioran? ¿qué rol puede tener la sociedad civil en este ámbito sin poner en riesgo el contrato social? Son preguntas que deberemos ir resolviendo en el corto plazo.
