Por Daniela Rivas, consultora TIRONI y Constanza Wagemann, *analista senior TIRONI al momento de desarrollar la columna.
A un año de la entrada en vigor de la Ley de Royalty Minero, el nuevo esquema tributario que busca redistribuir parte de la renta minera hacia regiones y comunas ha despertado altas expectativas, tanto en zonas productoras como en aquellas con mayores brechas de desarrollo.
La llegada de estos recursos abre oportunidades para impulsar infraestructura, innovación y proyectos comunitarios, pero también expone desafíos urgentes en capacidad de gestión local y en la concreción de una descentralización fiscal que, hasta ahora, sigue siendo más promesa que realidad.
A comienzos de los 2000, la creación de un royalty se justificaba por varias razones. Desde el punto de vista fiscal, Chile tenía un esquema menos exigente que el de otros países mineros relevantes, y el sistema previo, poco progresivo, no captaba adecuadamente la rentabilidad de las empresas.
El royalty implementado en 2005 corrigió parcialmente esta situación y dejó instalada la idea de que la minería debía aportar más allá de los impuestos generales, aunque no capturó suficientemente las utilidades extraordinarias en épocas de bonanza y mantuvo una distribución centralizada, con escaso impacto en las comunas y regiones mineras. A partir de esta experiencia, la reforma de 2023 respondió a una demanda histórica de los territorios por ver reflejada en sus presupuestos la riqueza que generan. Este ajuste combina un componente ad valorem, aplicado sobre las ventas de cobre, con otro progresivo según la rentabilidad de cada operación.
Por primera vez se establecen fondos específicos para gobiernos regionales y municipalidades, como el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, destinados a reducir brechas y fortalecer capacidades locales, incluso en comunas sin actividad minera pero con altas necesidades sociales. En la práctica, estos recursos podrían financiar desde infraestructura básica hasta proyectos de innovación y fomento productivo. Sin embargo, su impacto territorial depende de la capacidad de gestión de los gobiernos locales.
Los nudos críticos son claros: evitar que la carga fiscal sea excesiva para la industria; lograr un uso eficiente de los recursos, considerando que gran parte sigue concentrada en el nivel central; y cerrar la brecha entre asignación y ejecución, pues muchas comunas han avanzado solo en la formulación de proyectos, dejando fondos sin utilizar.
El nuevo royalty distribuye recursos a 308 comunas, priorizando aquellas más pobres o rezagadas, con un fuerte componente de justicia social y enfoque territorial. El desafío es que las comunas mineras, que enfrentan directamente los impactos de la actividad, vean reflejada en mejoras concretas la riqueza que producen. Esto requiere innovar en el diseño de proyectos, fortalecer diagnósticos para atender problemas reales y reforzar la transparencia en la gestión de los fondos.
Nunca antes tantas municipalidades habían administrado montos de libre disposición tan elevados como los que entrega este mecanismo, lo que plantea un reto mayor en responsabilidad, eficiencia y rendición de cuentas. Según cifras del gobierno, este año se entregarán más de 218 mil millones de pesos de libre disposición a las comunas beneficiadas.
Aunque la ley establece ciertas salvaguardas, como informes anuales y restricciones de uso, ni la Ley 21.591 ni las resoluciones de la Subdere fijaron un plazo límite para ejecutar en el año los recursos de los fondos FET y FCMI. Esto significa que pueden mantenerse disponibles para ejercicios futuros, siempre que estén debidamente registrados.
Si bien esta flexibilidad es comprensible tratándose de recursos extraordinarios y sin precedentes, su magnitud supone una curva de aprendizaje para muchos municipios, especialmente aquellos con poca experiencia en la gestión de fondos de esta escala. El esquema actual abre espacio para que se destinen a gastos de menor impacto, se diluyan sin visibilidad o se utilicen con escasa rendición de cuentas. Sin mecanismos de fiscalización más robustos y sin un fortalecimiento real de las capacidades técnicas locales, existe el riesgo de usos discrecionales o clientelares que terminen debilitando el espíritu redistributivo de la política.
Además de robustecer las capacidades del sector público, el éxito del royalty minero dependerá también de la participación activa de las empresas privadas y la ciudadanía para que se ejecute pertinentemente. Los primeros pueden aportar conocimiento técnico, infraestructura y recursos para orientar los proyectos hacia impactos duraderos; los segundos, mediante mecanismos de seguimiento y propuestas que aseguren que el gasto responda a las verdaderas necesidades del territorio.
En definitiva, el Royalty Minero no es solo un mecanismo fiscal: es una oportunidad estratégica para redefinir la relación entre minería, Estado y territorio. Su éxito dependerá de nuestra capacidad para traducir la recaudación en desarrollo sostenible y equitativo para las comunidades que sostienen la actividad minera del país.
EN